Dirigentes de tres organizaciones evaluaron la trayectoria de la propuesta del Gobierno en materia previsional mientras el debate en el Parlamento fue suspendido nuevamente por la negociación con todas las fuerzas políticas.
Este martes 11 de julio la comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la votación en particular del proyecto de la reforma previsional que permanecía estancado desde el mes de enero.
Y si bien ahora el proceso legislativo quedó suspendido por las negociaciones iniciadas por el Gobierno con todas las fuerzas políticas, hay elementos que la propuesta busca mejorar del actual sistema de pensiones del país.
Entre los beneficios que promete esta reforma incluye mejorar el monto y cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), elevándola a $ 250.000, y crear un Seguro Social en el Pilar Contributivo que sea financiado con una cotización adicional de 6% de la renta imponible, de cargo del empleador, que mejorará las pensiones actuales y futuras, sobre todo, las jubilaciones de las mujeres a través de diversos mecanismos solidarios, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
Es este último punto el que genera malestar en la derecha ya que considera que ese 6 por ciento debe ir a las cuentas individuales de los trabajadores, es decir a las AFP.
Para las organizaciones sociales como la ANEF, la Coordinadora No más AFP y la Asociación Chilena de Pensionados y Montepiadas del ex Servicio de Seguro Social (ACHIPEM) el escenario es complejo porque si bien la propuesta es un avance, no es lo que ciudadanía demanda que es terminar con la AFP, sino también porque será difícil sacar a la derecha de su trinchera.
Sin reforma tributaria
El dirigente de ACHIPEM Quinta Región, Raúl Rivera, lamentó que la discusión legislativa esté trabada por la oposición ante un proyecto que es apenas un avance hacia un sistema más justo, “dada las penurias que vivimos las personas mayores que recibimos una pensión”.
Recordó que este sector social viene sufriendo el deterioro de sus ingresos desde que la dictadura privatizó el sistema de reparto que existía y los traspasó a las actuales AFP, incluido el 10,6 que retuvo la dictadura civil-militar en el año 1985.
“En la práctica tenemos que las pensiones vienen desvalorizadas en un 40,6 por ciento. Y este es un tema que todos los gobiernos le han hecho el quite a esta verdad tan cierta, a lo que agregamos que el DL 2448 sobre el reajuste de IPC de las pensiones, que para los pensionados no representa la realidad, sólo al considerar el precio de los medicamentos”, indicó el dirigente.
Rivera afirmó que si bien esta es una reforma necesaria, no puede estar desligada de la reforma tributaria porque “el mejoramiento del sistema de salud, de educación, previsional, si no hay plata, son palabras al viento ya que para potenciar todo esos sectores, significa que deben existir aportes que provengan de quienes tienen más recursos”.
Indicó que en esta situación se debe considerar que todas las personas con pensiones de reparación Valech, Rettig y exonerados políticos, “no tienen derecho ni a los bonos de invierno”.
Instrumentalizar el debate
Por su parte, el presidente de la ANEF, José Pérez, destacó que el Gobierno “mueva el cerco” del sistema previsional, aunque lamentó la posición que ha asumido la derecha frente al tema.
“Hoy día instrumentalizar un debate tan necesario para quienes dependemos de un salario, es un chantaje y le da un portazo al mundo del trabajo y postergar una discusión estratégica como la propia reforma tributaria, en uno de los países más desigualdades del mundo, no es digno en una sociedad democrática”, expresó.
Pérez afirmó que “limitar el debate y las propuestas que pueden mover el cerco, para poder dejar esta industria, cuando se cumple un ciclo de tu vida y tener pensiones dignas, es también una defensa de los derechos humanos”.
Frente a la resistencia para que el 6 por ciento sea destinado a un fondo solidario, el dirigente de la ANEF afirmó que es “un egoísmo y un sesgo muy dañino para quienes dependemos de un salario porque lo que se señala desde las editoriales y el poder económico y la industria de las comunicaciones es que es una pérdida. Lo que se está colocando con este 6 por ciento es que sea un apoyo recíproco colectivo, en un fondo solidario (…) es un apoyo intergeneracional donde todos vamos a ser beneficiados con este fondo que sea permanente en el tiempo”.
Precisó que la iniciativa del Gobierno es un pequeño avance hacia “un sistema de reparto, que sea solidario”.
Dada la postura asumida por la derecha y ante un eventual rechazo de la reforma, Pérez indicó que “sería muy dañino. La derecha está instrumentalizando los errores puntuales en la política, pero también mira de manera corporativa y defiende a los grandes consorcios. Aquí tienen que pensar que si quieren seguridad social, en un debate democrático, es una forma también de asegurar paz social y eso tiene otro correlato en vivienda, en salud. Si no lo entienden, es un punto de ebullición que va a escalar y de alguna forma va a buscar una vía de escape”.
Agregó que “poner el énfasis en cuidar este sistema, que ya no resiste más, que ya da vergüenza, no sólo sería un golpe para los trabajadores, sino para la buena política que nosotros esperaríamos de esas personas que cuidan los intereses de los grandes empresarios y del capital” .
Movilización social
En tanto, el vocero de la Coordinadora No Más AFP, Luis Mesina, fue más crítico con la derecha y el propio Gobierno ya que, en su opinión, la propuesta original del Ejecutivo “se cayó completamente. La derecha ha sido categórica, contundente que no van a probar esa propuesta respecto de un sistema mixto donde este 6% de mayor contribución iría a un seguro social. Eso se derrumbó por la posición de la derecha, pero además con la postura de la Democracia Cristiana y del Partido Radical”.
Además, expresó que a esto se suma “la señal que dio (el ministro de Hacienda) Mario Marcel después de reunirse con los dueños de las AFP y la compañía de seguro en Estados Unidos. Las cuentas nocionales no cuentan con la simpatía ni siquiera del propio Gobierno. Por lo tanto, eso se cayó. Y cuando planteó el Gobierno esta propuesta, la coordinadora la consideró insuficiente, pero al menos apuntaba a ir construyendo un sistema de seguro social en Chile, cosa que hoy día no ocurre”.
Mesina afirmó que “hay que tener claro que la derecha no quiere absolutamente nada. Lo único que quiere es que cualquier punto de aumento de cotización, independiente que sea del cargo del empleador o del trabajador, el destino de ese mayor incremento tiene que ir directamente a incrementar el mercado de capitales, es decir, generar la mayor cantidad de recursos para el financiamiento de la inversión. Es decir, con el salario de los trabajadores se financia la inversión de los grandes grupos económicos, tanto nacionales como internacionales”.
“Esa es la lógica en la que está hoy día el debate previsional en Chile y por eso es tan relevante no perder de vista lo que está en discusión. Por eso cuando la ministra del Trabajo (Jeannete Jara) plante que hay que llegar a un acuerdo, no. El acuerdo puede ser peor incluso de lo que teníamos con la propuesta que había llegado a plantear Sebastián Piñera que a lo menos era avanzar en la perspectiva de dividir el monto de las contribuciones”, señaló el dirigente sindical.
Por otro lado, el próximo 24 de julio se cumplen siete años de la primera manifestación donde millones de chilenos y chilenas salieron a las calles a exigir el fin del sistema de capitalización individual. Es por eso que las organizaciones que integran la Coordinadora No Más AFP convocaron a una nueva manifestación en todo el país
“Es absolutamente legítima la movilización porque todas las demandas que se presentaron el 24 de julio del año 2016 están plenamente vigentes (…) Inclusive, a pesar que el Estado está destinando una cantidad gigantesca a través de la Pensión Garantizada Universal, es decir, en Chile el 82% de las pensiones se pagan con gastos públicos, con recursos de las y los trabajadores y las AFP pagan el diferencial”, señaló Mesina.
Agregó que “estamos frente a un sistema que captura el ahorro nuestro, no para pagar pensiones, y eso está plenamente vigente. Pero además, hay datos que son irrefutables. Las pensiones están cayendo porque las bolsas a nivel mundial se están desplomando y no hay perspectiva de que esto mejore. Es decir, aumentando las cotizaciones si van a capitalización individual se va a dar la paradoja que aumentando las cotizaciones vamos a tener peores pensiones de las que tenemos hoy día por la baja tasa de rentabilidad”.
Por lo tanto, precisó, “marchar se justifica plenamente. Además que es imposible aceptar esta intransigencia de la derecha después de haberse producido un estallido tan importante como fue el 18 de octubre del 2019 cuyas demande están aún sin resolver en este país”.
Crédito: Osciel Moya Plaza – Diario UChile
