La cartera y la Superintendencia de Salud emitieron una declaración conjunta después de que las aseguradoras señalaran que el pago de mil 400 millones de dólares por excedentes mal cobrados a los afiliados sería “la lápida del sector”.
El Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud emitieron una declaración conjunta después de que las isapres catalogasen como “la lápida del sector” el estimado de mil 400 millones de dólares que tendrían que devolver a los afiliados.
Esto, en el marco de la aplicación del fallo de la Corte Suprema que obliga a las aseguradoras de salud a pagar de manera retroactiva la misma tabla de factores a todos los usuarios del sistema desde abril de 2020 y restituir los cobros en exceso que se hayan realizado desde entonces.
La cifra -que corresponde a un estimado- fue entregada por el Gobierno a parlamentarios este lunes bajo reserva, pero de todas formas trascendió a la prensa. En reacción, las isapres indicaron que el monto equivale a la utilidad total reportada por el sistema en 33 años. “Son de una magnitud que obliga a cuestionar su sentido de realidad”, acusaron.
En reacción, las autoridades sanitarias remarcaron que “las isapres son responsables del actual escenario que enfrentan y el gobierno cumplirá con el mandato de la Corte Suprema, la cual señala que dichos ingresos corresponden a ‘cobros indebidos’ por la inconstitucionalidad de la fórmula que utilizaron (TC. Rol N°1.710 de 2010). Desde el año 2020 a la fecha, las isapres han reportado ingresos operacionales de 12 mil 248 millones 910 mil 129 dólares “.
“Hay que recordar que la Asociación de Isapres se ha negado a ser parte de la solución del problema que ellas mismas generaron y, por lo tanto, a resguardar el acceso a la atención de salud de más de 3 millones de personas que pertenecen al sistema de salud privado, al retirarse voluntariamente de la mesa de trabajo convocada por las autoridades de salud”, añadieron.
Luego expresaron que el Gobierno “tiene el deber constitucional de asegurar atención de salud a todas las personas del territorio y bajo ese mandato está avanzando, de manera conjunta con parlamentarios y parlamentarias, en un proyecto de ley que permita dar una solución gradual y equilibrada que, por una parte protege a las personas, que son el objetivo principal, y, por otro evite el efecto sistémico que esta situación pueda provocar al sistema de salud”.
Además, indicaron que la Suprema señaló que con la entrada en vigencia de la tabla de factores en abril de 2020, “algunas personas pagaron más de lo que les correspondía por su plan de salud, y que las isapres deben restituir vía excedentes esas diferencia. El Gobierno, respetando dicho mecanismo, ha propuesto que sea mes a mes”.
Finalmente, llamaron a las empresas “a poner a las personas afiliadas en el centro de la solución, a dar certezas a la población y los invitamos a sumarse de manera constructiva al trabajo que se está realizando para que este tenga buenos resultados para las personas y el sistema de salud”.
Crédito: Diario UChile
