Por orden de la entidad fiscalizadora, el titular de Vivienda dio a conocer que la cartera creó un “Manual de Convenios” entre instituciones sin fines de lucro y los Seremi Minvu de cada región.
Luego del informe de la Contraloría General de la República (CGR), el ministro de Vivienda, Carlos Montes, detalló el estado de avance de las medidas dictadas por la entidad fiscalizadora para subsanar las falencias administrativas en la Seremi de Antofagasta post Caso Convenios.
En el punto de prensa, el secretario de Estado aseguró que “para nosotros el tema Convenios y todo lo que ha ocurrido entorno a eso, es algo muy serio. Hemos tratado de enfrentarlo de la manera lo más rigurosa, lo más proactiva y hemos respondido en todo momento“.
En detalle, el 31 de agosto la CGR dictó 12 observaciones en relación al programa “Asentamientos Precarios”, cuyos fondos fueron discutidos en el caso Democracia Viva. “A la fecha de esas doce medidas, once están ejecutadas“, aseguró Montes, agregando a ello que solo resta “las referidas a los costos estimados de cada proyecto que respaldan los montos de los recursos transferidos, o sea saber exactamente cuánto costaban“.
Gran parte de las medidas ordenadas por la entidad fiscalizadora fueron asumidas por el “Manual de Convenios y Transferencias” entre instituciones sin fines de lucro y los Seremi Minvu de cada región. El reglamento fue creado el 13 de septiembre para responder a la orden de establecer “un procedimiento formal para la selección de las entidades que ejecutarán los proyectos del programa de Asentamientos Precarios”.
“Aquí se establecen los requisitos mínimos para participar del programa: concursabilidad, experiencia, plan de acción, boleta de garantía. Por lo tanto, está hecho“, afirmó Montes.
En esa línea, el manual asume el término de las asignaciones directas de iniciativas de inversión a entidades ejecutoras del programa de Asentamientos Precarios, mayores exigencias a los planes de trabajo de cada proyecto que ahora se presentarán desde el momento de los concursos públicos y mejor control administrativo y monitoreo oportuno de los convenios.
Además, establece una mayor comunicación a las entidades privadas de las objeciones que se le formulan, fundamentación del acto administrativo que apruebe los convenios de transferencias y experiencia en las iniciativas encomendadas.
Por otro lado, Montes afirmó que se instruyó a todo el ministerio que no es adecuado que personas contratadas por fundaciones se desempeñen en dependencias del Serviu o Seremi de Antofagasta. “Esto no corresponde, ni en este programa ni en ningún otro programa“, zanjó.
Sobre la observación que establecía el “deber de abstención y eventual vulneración del principio de probidad”, el secretario de Estado declaró que “lo primero que hicimos fue, respecto al Seremi de Antofagasta, hacer ver que no correspondía lo que estaba haciendo con la entidad con la que tenía vínculos específicos. Él debiera haberse abstenido”.
Y en cuanto a la creación de un modelo de evaluación organizacional de la entidad ejecutora del programa, Montes señaló que “había un procedimiento imperfecto y estamos buscando cómo fortalecerlo (…) pero creemos que eso está en proceso para finalizarlo en 2023“.
Consultado respecto de si la discusión de la partida de Vivienda se complejizará en el Presupuesto 2024, luego del Caso Convenios, el ministro respondió que “sin duda que va a impactar (…) Nosotros hemos asumido las lecciones, probablemente en el debate con los parlamentarios se nos planteen elementos adicionales”.
“Hay algunas cosas que ya están incorporadas en los procedimientos, hay algunas cosas en las glosas, pero especialmente en las glosas generales y las modificaciones que ha hecho la Dipres en el conjunto. Se habla de 700 modificaciones, algunas de ellas tienen que ver con el caso nuestro“, concluyó.
Imagen de Portada: Agencia ATON
Crédito: Bárbara Paillal – Diario UChile
