Tres economistas e investigadores evaluaron el escenario político del proyecto del Gobierno, la amplía variedad de propuestas en torno al destino del 6% de cotización adicional y el resurgimiento en el debate del “seguro de longevidad”.
En medio del ciclo de reuniones que el Gobierno mantiene con los sectores políticos para aunar posturas frente a la reforma de pensiones, la semana pasada la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, señaló que “estamos en los tiempos definitorios de alcanzar un acuerdo”.
Sin embargo, el escenario es claro. En cuanto al destino del 6% de cotización adicional -nudo crítico de la reforma de pensiones- los partidos políticos han puesto sobre la mesa un abanico extenso de fórmulas, todas diferentes entre sí.
Desde la propuesta del oficialismo para destinar la cotización íntegra a un fondo colectivo, a considerar una fórmula de 4 y 2 o 3 y 3, hasta el seis por ciento completo a cuentas individuales, son las fórmulas que han sido barajadas durante el debate. Más recientemente además se propuso destinar parte de este porcentaje a un seguro de longevidad.
Por ese motivo, Radio Universidad de Chile contactó a distintos expertos para analizar el escenario actual de la reforma previsional y sus perspectivas frente a las fórmulas presentadas para “destrabar” el debate.
El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín, señaló que en las discusiones “hay un desorden, hay muchas alternativas y creo que el Gobierno tiene que, de alguna forma, tomar el toro por las astas y jugársela por alguna de estas soluciones tratando de acarrear fuerza política a alguna de ellas. Mientras más dudoso está y no arregla una alianza con algunos grupos, entonces otros grupos van a seguir sacando ideas”.
Para el ex superintendente de pensiones aumentar las jubilaciones es el objetivo número uno que se debe considerar a la hora de presentar fórmulas, por tanto, primero cabe preguntarse en qué plazo se aumentarán “porque alguien podría pensar que todos compartimos ese objetivo, pero si yo digo que todo va a ir a cuenta individual, entonces lo que estoy diciendo es que ese objetivo se va a lograr eventualmente dentro de 30 años”.
“La mayor parte de la gente está pensando en un sistema donde pueda ver ganancias antes, pero para que haya ganancias antes tenemos que ponernos de acuerdo de cómo se logra eso y eso se logra con alguna forma de solidaridad distinta de la PGU porque la PGU es solidaridad pero no es la que va a servir en particular a la clase media”, aseguró el académico.
En esa línea, Larraín dijo que -sin duda- debe destinarse parte de este 6% de cotización a solidaridad, pero “cuánto honestamente para mi es secundario porque creo que lo principal es avanzar en crear un pilar que yo denomino de contribución, pero que sea solidario. Si a eso le van a destinar dos o cuatro por ciento, creo que es un poquitito irrelevante, creo que es mejor que se cree ese pilar porque después ese propio pilar a medida que vaya teniendo éxito va a ir generando condiciones para que crezca”.
En relación a los diálogos que el Ejecutivo ha establecido con la oposición, la economista de Libertad y Desarrollo, Ingrid Jones, señaló que desde el Gobierno “están receptivos a recibir estas nuevas propuestas, pero veo con más desconfianza que puedan tomar ciertas recomendaciones”.
En esa línea, la experta afirmó que una propuesta que se traduciría en el incremento de los montos que se entregan por concepto de pensiones es la fórmula del 6% a cuentas individuales, lo que “no significa que no hay espacio para mejoras en el sistema, pero eso sin duda te da pensiones mucho más altas, un 60% más alto al futuro”.
No obstante, Jones enfatizó en que, aparejada a esta cotización, se deben implementar políticas públicas capaces de disminuir los índices de informalidad.
Respecto a cómo abordar entonces la situación de los actuales jubilados, cuyas pensiones no son cubiertas por la PGU, la economista declaró que “esas mejoras de pensiones tienen que ser financiadas a través de impuestos generales, una alternativa es, por ejemplo, lo que se ha presentado en distintas propuestas que es aumentar la PGU en algún monto diferenciado” considerando a mujeres y sectores vulnerables como los dependientes severos.
“Nosotros proponemos que para estos grupos específicos la pensión sea más de 250 mil pesos, que sea un 30% más a la pensión a la línea de la pobreza”, añadió la economista.
Por su parte, la socióloga e investigadora de la Fundación Sol, María José Azócar, señaló que con la reforma de pensiones se debe apuntar a tener mejores pensiones pero también a una sociedad más justa donde quienes tienen más ingresos aporten más a un fondo común.
Por esa razón, criticó la propuesta que suscita mayor consenso hasta este momento y que permitiría aumentar las pensiones vía PGU dado que señaló el gasto del Estado hoy ya recae sobre los hombros de las personas con menos ingresos. “No me parece desde un punto de vista ético apostar por esa salida de aumento de PGU y que todo el resto vaya a capitalización individual. Sobre temas de gasto social aquí me gustaría recordar que actualmente el Estado contribuye con un 82% del gasto total en pensiones y las AFP y compañías de seguro de vida aportan sólo el 18% a través de las pensiones autofinanciadas”, destacó Azócar.
Respecto al destino del 6% de cotización, la socióloga señaló que “desde Fundación Sol tenemos una postura súper clara y es que un sistema de reparto moderno con reservas técnicas, es decir, un sistema en donde las personas coticemos toda la tasa a un fondo común es el sistema más justo“.
Lo anterior dado que “es un sistema que te garantiza tener mecanismos de solidaridad al interior de una generación, es decir, que las personas de más ingresos aporten más y te garantiza tener un sistema de solidaridad entre generaciones donde las personas que estamos ahora trabajando aportamos a las pensiones que reciben las personas que se están jubilando”.
“Entonces, mirar la discusión en torno a que si es un cuatro para acá o es un tres para acá, la verdad que nos habla al final de cómo se está discutiendo esto en términos de la cancha chica, de las concesiones que se tienen que dar a ciertos partidos políticos y a ciertos empresarios que están detrás de esos partidos más que responder al corazón del problema”, aseguró Azócar.
Seguro de Longevidad
El economista Guillermo Larraín y autor además de la idea del seguro de vejez en 2017 señaló sentirse “halagado de que se esté discutiendo, me parece bueno, creo que da solución a temas que son importantes”.
Aunque advirtió que “no hay que enamorarse de la idea, creo que hay que utilizar aquella que logre consultar la mayor cantidad de apoyo. En este sentido, creo que el seguro de longevidad o la capitalización colectiva tiene que mirarse como sustituto e incluso hasta podrían colaborar”.
En tanto, la economista Ingrid Jones comentó que “un seguro de longevidad podría ser estudiado y podría ser considerado, como se ha señalado tiene varias cosas en contra. Es una discusión bien técnica y teórica pero, por ejemplo, podría ser una alternativa cuando consideramos una cotización que sea destinada a solidaridad”.
Por su lado, la investigadora María José Azócar identificó un problema relevante en la idea del seguro de vejez. “Es profundamente injusta porque la expectativa de vida depende de varios factores y entre esos tu clase social, las personas ricas de más ingresos viven más en comparación a las personas de menores ingresos”, advirtió.
“Si nos imaginamos un seguro de longevidad, al final va a beneficiar a las personas que viven más años y esas personas son las personas que han tenido más privilegios en sus vidas”, concluyó Azócar.
Imagen de Portada: Agencia ATON
Crédito: Bárbara Paillal – Diario UChile
