El académico de la Universidad Diego Portales consideró que, si bien la iniciativa va en la dirección correcta, es muy “modesta”. Asimismo, sostuvo que no cumpliría con el estándar fijado en la nueva constitución.
Fue el pasado 23 de agosto que el Gobierno del presidente Gabriel Boric presentó las indicaciones al proyecto que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.
Esto, con el fin de reactivar la discusión de la iniciativa- ingresada en 2017- en el Congreso, luego que no presentara mayores avances hace dos años en la comisión de Trabajo del Senado.
Dentro de las medidas planteadas por el Ejecutivo, destaca la implementación gradual de la reducción de jornada en un plazo de cinco años. Además, apunta a aspectos relativos sobre corresponsabilidad, acompañamiento a las mipymes, modernización, entre otros.
En entrevista con Radio Universidad de Chile, el abogado laboral y académico de la Universidad Diego Portales, José Luis Ugarte, consideró que, si bien el proyecto va en una dirección correcta, “técnica y políticamente me parece muy modesto. Primero, por su excesivo tiempo para entrar en vigencia integralmente”.
En ese sentido, Ugarte recalcó que “este es un proyecto que se viene discutiendo hace cinco años, o sea, no es nuevo. Por lo tanto, al final va a pasar casi 10 años en Chile que los trabajadores puedan acceder a una rebaja de jornada. Por otro lado, me parece que tiene serias deficiencias que van a generar problemas, porque lo más probable que ocurra durante la rebaja es que las empresas adopten estrategias para eludir la rebaja”.
En concreto, el abogo se refirió a un eventual uso abusivo del artículo 22 del Código del Trabajo, cuyo inciso segundo que excluye a una serie de trabajadores de la limitación de jornada laboral, tales como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración, aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata, agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, entre otros.
“Una de esas estrategias es utilizar el artículo 22, ya ocurrió cuando se hizo la rebaja de 48 a 45 horas y esa estrategia va a significar que se va a utilizar como ya se viene utilizando hace décadas abusivamente este artículo, que dice que hay trabajadores sin limitación de jornada. Lo más probable que ocurra es que una parte relevante de trabajadores se va a ver afecto a ese artículo que tiene una aplicación totalmente descontrolada en Chile. Entonces, el proyecto no reforma sustancialmente el régimen del artículo 22”, expresó.
Asimismo, fundamentó que el proyecto no cumpliría con el estándar fijado por el proyecto de nueva constitución en materia laboral, en caso de ser aprobado. “La nueva constitución en el artículo 46 exige lo que llama el principio de protección del trabajo y en ese principio, como mínimo, está la protección del trabajo decente, como mínimo se exige descanso y desconexión digital. Ninguna de los dos aspectos en mi opinión están bien resueltos en el proyecto”.
Por lo que consideró que “el Gobierno pudo haber aplicado a su proyecto de reducción de jornada la propuesta que se hace en la nueva constitución sobre protección de los trabajadores”, enfatizando en que por efectos del artículo 22 “no se va a ver beneficiado por la reducción de jornada y al no tener desconexión digital para nadie va a haber una presión, no en la jornada presencial, sino en la jornada digital”.
En cuanto a los reparos de algunos sectores de derecha sobre el impacto que podría tener el proyecto en la productividad y el empleo, Ugarte sostuvo que estos reparos no son nuevos y que se vienen escuchando desde 2001 cuando se redujo la jornada de 48 a 45 horas.
“La evidencia empírica y científica disponible muestra que el efecto es controversial. En rigor la rebaja de jornada puede ayudar a que las empresas mejoren sus procesos productivos porque tienen menos tiempo para distraer en el lugar de trabajo. Entonces, todo va a depender de cómo las empresas se ajusten innovando, este puede ser un aliciente para mejorar los ritmos de productividad”, señaló.
Para el académico “este argumento es de cajón cuando hay rebaja. Las estadísticas del año 2001, 2002 y siguientes de esa rebaja muestran que no se produjo ninguno de estos efectos. Ni el empleo bajó ni hubo menos productividad. Por lo que esta rebaja no genera automáticamente los problemas de productividad, pueden incentivarla incluso”.
Con todo, afirmó que “habría esperado mucho más de este proyecto, no solo porque no resuelve el artículo 22 y no contempla la desconexión digital, sino porque, además, los sindicatos no juegan ningún rol, están completamente ausentes y todo esto es criticable para un gobierno que tiene un perfil ideológico claro”.
En ese sentido, indicó avances en materia de derechos colectivos y la negociación ramal como parte de las propuestas hechas a los trabajadores, por lo que consideró que “este proyecto desaprovecha esa oportunidad porque se pudo haber ocupado esta idea de rebajar la jornada para ir aumentando e ir potenciando los sindicatos, por ejemplo, si se negocia con el sindicato, se puede operar o se puede optar por más años para la entrada en vigencia (de la normativa) o no. Hay una falta total de imaginación en el proyecto para vincular la reducción de jornada con el mundo sindical y eso está al debe”.
Es por eso que el abogado José Luis Ugarte recalcó que de triunfar el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre pondría “un gran deber” al Ejecutivo porque “en esa propuesta hay un mandato al legislador, al gobierno fundamentalmente a que implemente e, incluso, con plazos las reformas laborales que hagan cuadrar la ley, el Código del trabajo con la nueva constitución. De aprobarse, proyectos modestos como este tensionarían el cumplimiento del mandato constitucional, que es bastante más ambicioso”.
Crédito: Natalia Palma – Diario UChile
