Las propuestas fueron recogidas de la Comisión Ministerial presidida por María Jaraquemada para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado.
En el marco de la agenda de probidad y transferencia que el Gobierno impulsa, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, anunció desde el Palacio de La Moneda junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel, un paquete de medidas recogidas desde la Comisión Ministerial para la regulación de la relación entre las instituciones privadas sin fines de lucro.
Ad portas de la presentación de la propuesta presupuestaria de la nación, Elizalde señaló que dentro del proyecto “ya se consideran algunas medidas propuestas y otras que ha elaborado el gobierno sobre la base del diálogo con los distintos ministerios precisamente para ir cerrando las brechas de vulnerabilidad en la aplicación de la Ley de Presupuesto del próximo año”.
En un plazo de 30 días, el secretario de Estado afirmó que se pretende avanzar en “el proyecto de Ley que crea el Registro Nacional de Beneficiarios Finales para saber cuáles son las personas naturales que están detrás de las personas jurídicas, una iniciativa que tiene finalidades de carácter tributario, evita los conflictos de interés, también permite enfrentar el crimen organizado”.
A eso se suma la Ley de Integridad Municipal que se encuentra en tramitación y la Ley de Transparencia 2.0. En el mediano plazo, se propone el proyecto que crea la Agenda de Evaluación y Monitoreo a las Inversiones Públicas.
Y a largo plazo, se plantea una Ley general de Transferencias que “regula los estándares de transparencia y rendición de cuentas que requieren estos traspasos de fondos públicos“.
En tanto, la presidenta de la Comisión Ministerial, María Jaraquemada, señaló que “nosotros estamos muy satisfechos y contentos de que se vayan recogiendo estas propuestas“.
“Esto no queda acá, esto yo creo que es el inicio del camino. El Congreso tiene que también intervenir en varias de ellas y nosotros como ex integrantes de la Comisión estamos muy disponibles para poder ayudar a empujar en lo que se pueda y a concretar las recomendaciones que hicimos y también, al menos desde mi parte, estar alertas y hacer seguimiento de cómo van estas discusiones“, aseguró Jaraquemada.
Dado que representa la instancia más inmediata, la Ley de Presupuesto 2024 recogerá otra parte de estas propuestas. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quién dijo que “vamos a tener cambios en al menos cuatro niveles“.
“Primero en el articulado de la Ley de Presupuestos, se va a desarrollar las normas de carácter general que regulan el manejo presupuestario y financiero de las transferencias corrientes y de capital que pueden llegar a instituciones privadas sin fines de lucro”, afirmó.
A nivel de glosas en tanto, “se van a hacer alrededor de 500 cambios que básicamente lo que van a hacer es alinear lo que está dentro de una institución con la norma de carácter general que están articulados, o bien establecer excepciones sólo en casos en que realmente así se justifique”.
En tercer lugar, el secretario de Estado mencionó que se realizarán ajustes “en la clasificación de transacciones recogidas o reflejadas en el presupuesto que son para reflejar más adecuadamente las definiciones del clasificador presupuestario”.
‘En esta revisión bien exhaustiva que hemos estado haciendo nosotros, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, había gastos de funcionamiento de un ministerio o un servicio que estaban como inversión y, por lo tanto, todo eso se ha reordenado“, anunció.
Por último, anunció que se incluirá un artículo dedicado “al manejo financiero de los recursos asociados a la respuesta ante desastres naturales y también eso se va a ver reflejado en los presupuestos de las instituciones que se ven más directamente involucradas en la respuesta inmediata”.
Imagen de Portada: Agencia ATON
Crédito: Barbara Paillal – Diario UChile
