En la Sofofa valoraron las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, puesto que su juicio entrega certeza jurídica al empresariado. Mientras desde Chile Sustentable relevaron los mecanismos de participación ciudadana.
El Presidente Gabriel Boric encabezó la presentación de los proyectos de ley Sistema Inteligente de Permisos y Evaluación Ambiental 2.0, iniciativas que en el marco del pacto fiscal buscan agilizar los procesos de permiso para los proyectos de inversión.
Estas medidas van en contra de la llamada “permisología” a través del establecimiento de plazos máximos para procedimientos que actualmente no los tienen y una ventanilla única digital para la tramitación de permisos sectoriales.
Además, en el contexto de la modernización del Sistema de Evaluación Ambiental, el proyecto elimina dos instancias políticas: el Comité de Ministros y las comisiones de Evaluación Ambiental.
Según el Presidente Gabriel Boric se tratan de iniciativas que conjugan el objetivo de proteger el medio ambiente y de dar un nuevo impulso a la economía chilena.
“Con estas nuevas normativas damos mayores certezas a todos los actores involucrados, tanto a los inversionistas, a los titulares de estos proyectos como también a las comunidades y a la ciudadanía en general, que sabrán de antemano qué y cuánto esperar de un proyecto”, indicó.
El mandatario también apuntó que “la obtención de permisos, en muchos casos, hoy peca de una irracionalidad y de tiempos excesivos que atentan contra el dinamismo que necesita nuestra economía para volver a crecer”.
Mientras la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, agradeció al Gobierno por dar certezas jurídicas a los empresarios.
Con todo, Navarro expresó algunas dudas respecto del proceso de participación ciudadana establecido en el proyecto de modernización del Sistema de Evaluación Ambiental.
“Los proyectos tienen que nutrirse con las miradas de las comunidades que realmente son vecinas o serán afectadas por las iniciativas en discusión. Los titulares de proyecto deben conocer quiénes son esas comunidades y cuáles son sus preocupaciones para tener herramientas que busquen resolver dudas e inquietudes”, dijo.
Asimismo, planteó que “lo que definitivamente no es razonable es dejar un proceso abierto, donde participen grupos que no tienen ninguna relación con el proyecto o que durante el avance de la iniciativa aparezcan nuevas inquietudes que no fueron levantadas al principio del proceso”.
Sara Larraín: “Lo relevante es si va a ser el Ministerio de Economía el que va a decidir”
Por su parte, la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile difirió en sus apreciaciones sobre el proceso de participación ciudadana, puesto que a su juicio permitirá resolver varios de los conflictos generados entre comunidades y empresarios.
“Se establece, finalmente, con un procedimiento reglado y claro la participación temprana en la evaluación ambiental. Es voluntaria para las empresas, pueden o no utilizar este procedimiento, pero está reglado y no es esta especie de negociación de cuánto te doy yo, que era absolutamente irregular y que es lo que está ocurriendo hoy día”, comentó.
Además, Larraín valoró la eliminación del Comité de Ministros. “Las decisiones sobre aprobación de los proyectos se van a tomar con los informes de los servicios, en el Servicio de Evaluación Ambiental y, por lo tanto, se elimina el Comité de Ministros y las comisiones de Evaluación Ambiental. Puede que las comisiones sigan funcionando en términos técnicos de discusión, pero no tiene por qué meterse el Comité de Ministros en la evaluación de un proyecto”, estimó.
Por otra parte, sobre el establecimiento de una ventanilla única para la tramitación de permisos sectoriales, la directora de Chile Sustentable aseguró que el sistema en sí “no es malo”, ya que “muchas veces genera una sinergia y permite ordenar los procesos de aprobación”.
Sin embargo, Larraín advirtió que es necesario dejar claro “quién es el responsable de mirar todos esos permisos y de darle el okey al proyecto. Lo relevante es si va a ser el Ministerio de Economía el que va a decidir o simplemente se van a respetar los procedimientos técnicos que están en cada uno de los permisos. Ese es el problema de fondo”.
Crédito: Fernanda Araneda – Diario UChile
