En el oficialismo pdieron discutir la agenda legislativa de seguridad a fondo y con responsabilidad. Por otro lado, el Plan Calle Sin violencia generó malestar en las comunas que no fueron incluidas.
No legislar a ciegas y pedir a la oposición un fair play legislativo, plantearon los parlamentarios del oficialismo, Tomás Hirsch y Jaime Araya, quienes coincidieron en avanzar en una discusión con los temas de fondo de la agenda de seguridad, tras el acuerdo del Ejecutivo con los presidentes del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados al que llegaron el viernes pasado para impulsar 31 proyectos sobre la materia.
El entendimiento consiste en dar celeridad a 31 proyectos de ley que se buscarán aprobar en los próximos 75 y 150 días.
Al respecto, el diputado del Partido Acción Humanista, Tomás Hirsch, afirmó que ante la situación compleja y de preocupación que vive el país por el aumento del crimen y la violencia, es importante tener una agenda de seguridad, pero “no podemos legislar a ciegas este conjunto de 31 proyectos que deben ser analizados y cada uno en su mérito. Nosotros no podemos simplemente aprobar un paquete y por otro lado, tenemos que ser cuidadosos en que Chile siga siendo un país de paz y un Estado de Derecho y no un Estado policial que nos puede llevar a una situación compleja como la que ya están viviendo otros países, como en El Salvador”.
Hirsch afirmó que como Apruebo Dignidad deben discutir, revisar cada proyecto e ingresar todas las indicaciones necesarias para que éstos “sean efectivos y eficaces porque el problema del narcotráfico, de la delincuencia, no se va a resolver con 50, con 100 o 300 proyectos de ley”.
El diputado humanista precisó que se necesitan algunas medidas específicas, como perseguir la ruta del dinero, tema que “la derecha se ha negado sistemáticamente a la apertura del secreto bancario y ahí está el tema de fondo”.
“Se habla mucho del narcotráfico mirando las poblaciones, demoliendo una casa en una villa, pero se habla poco de quiénes están detrás de estos, los grandes banqueros, financistas, empresarios, contadores, bancos, empresas ficticias. Es decir, es ahí donde creemos nosotros que se debe avanzar con mucha más fuerza y hasta acá la derecha, que se manifiesta tan preocupada del crimen y el narcotráfico, pone permanentemente resistencia y trabas a que se pueda levantar el secreto bancario en el país para detener la ruta del dinero”, indicó Hirsch.
Por su parte, el diputado de la Región de Antofagasta e integrante de la Comisión de Seguridad, Jaime Araya (Independiente PPD), indicó que en el marco de este acuerdo legislativo, es importante que “la oposición entre en un fair play legislativo en materia de seguridad, de tal manera que en ambas comisiones de Seguridad y de Constitución, tanto en la Cámara como en el Senado, se puede llevar adelante un diálogo democrático, respetuoso, prudente respecto de materias que son muy sensiblesy no veamos este espectáculo en que Chile Vamos cayó en la histeria producto que se vió amenazada electoralmente por Republicanos”.
Araya precisó que la derecha “entró en un plano de vetar al INDH y uno se preguntá qué es lo siguiente, que Renovación Nacional, la UDI y Evópoli van a pedir que Chile se salga de las Naciones Unidas”.
Araya agregó que ese “ritmo de campaña que están tratando de imprimir en la legislación es muy dañina para el país y haría un llamado a actuar con sensatez, con prudencia y con responsabilidad. La grave crisis de delincuencia no se merece que esto se transforme en un ring electoral, sino que tengamos una normativa acorde a lo que un país civilizado que quiere trabajar con realismo, pragmatismo y con mucha firmeza cómo enfrentar el crimen organizado”.
Calle Sin Violencia
Por otro lado, respecto del Plan Calle Sin Violencia que se implementará en 46 comunas del país con mayor grado de violencia delictual, el diputado Araya afirmó que “va en la línea de enfrentar el problema, fortaleciendo las fiscalías, a las policías y creando equipos especializados los hechos que están asociado a crimen organizado (…) conforme a las métricas que fueron definidas objetivamente en base al levantamiento de datos de los delitos de homicidios y hechos violentos por comuna”.
El legislador indicó estos hechos de violencia “han crecido progresivamente en el último tiempo de 2,2 homicidios por cada 100 habitantes, hoy se acerca a los 5 o casi 6 por 100 mil y eso, no obstante estar muy lejos de los índices de Latinoamérica, ha tenido un progresión importante particularmente en el último semestre a lo que se suma que éstos son cometidos con armas de fuego, por dos o más personas e imputados desconocidos y lo que uno podría suponer es que se está desarrollando la industria del sicariato”.
Si bien la medida fue bien recibida por los alcaldes donde será implementada esta iniciativa, surgieron críticas de las autoridades que fueron excluidas, como la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, que lamentó esta situación.
La autoridad indicó que “creemos que el criterio que se está usando no es el apropiado, porque ¿qué quiere decir, que necesito fallecidos para que nuestra comuna sea considerada en un plan de prevención y acción para que baje el delito?”.
En un comunicado público, la alcaldesa indicó que “es inconcebible que a pesar de los altos índices de delincuencia que nos afectan como comuna, las autoridades a cargo de la implementación de este hayan decido hacer caso omiso de nuestras demandas por más y mejor seguridad”.
Agregó que el municipio exigió al Ministerio del Interior y a la Delegación Presidencial que aclaren cuáles fueron los criterios por los que la comuna quedó fuera del listado.
En esa misma línea se pronunció el alcalde de Conchalí René de la Vega, que afirmó que “cuando las comunas no están incluida y las aledañas sí están incluidas, nosotros quedamos como una isla. Eso significa que cuando haya un hecho que, por ejemplo, en un control el delincuente escapa, lo hace hacia las comunas islas, porque no está cubierto el perímetro completo (…) por ello es compleja la definición de cuál es el dato firme para poder definir dónde están bien los carabineros y dónde están mal”.
De las comunas de Santiago que no fueron incluidas en la plan están Conchalí; Quilicura; Huechuraba; Cerrillos; Lo Prado; La Cisterna; Pedro Aguirre Cerda; Macul; Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, La Reina, Ñuñoa y Providencia.
También fueron excluidas Lampa, Tiltil, Pirque, San José de Maipo, Buin, Paine, Calera de Tango, Alhué, Curacaví, María Pinto, San Pedro, Talagante, Peñaflor, El Monte, Isla de Maipo y Padre Hurtado.
En la Región Metropolitana, las comunas incluidas en el plan son La Florida, Quinta Normal, Puente Alto, Pudahuel, La Pintana, Maipú, Cerro Navia, Melipilla, San Miguel, Recoleta, San Bernardo, Independencia, La Granja, Colina, Estación Central, Lo Espejo, El Bosque, Peñalolén, Renca, San Joaquín y San Ramón.
Crédito: Osciel Moya Plaza – Diario UChile
