El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, afirmó que se requiere de un reglamento que defina varios aspectos que no quedaron en la reforma.
La Sala de Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica. La iniciativa fue aprobada por 97 votos a favor, 17 en contra y 28 abstenciones y quedó lista para convertirse en ley de la República y además, sería la alternativa que el Gobierno utilizaría para reemplazar el Estado de excepción que se votará este miércoles en el Parlamento.
El proyecto de infraestructura crítica necesitaba de 93 votos para ser despachado a ley y contó con voto dividido del oficialismo, principalmente del Frente Amplio y del Partido Comunista.
El ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, afirmó que se requiere de un reglamento que defina varios aspectos que no quedaron en la reforma, como por ejemplo la cadena de mando y la forma en que se tiene que informar al Congreso.
“Lo que hemos dicho es que una responsabilidad como ésta, se tiene que asumir con todo el resguardo a los derechos humanos y también hay que dejar varias cosas claras en el proceso de reglamentación, para que quede claro las cadenas de mando, las reglas del uso de la fuerza y al mismo tiempo la posibilidad de definir en el reglamento, aquellas infraestructuras resguardadas que en cada caso se invoquen estas facultades estén detalladas de manera clara lo que se va a entender como infraestructura crítica”, dijo el ministro.
Agregó que como Ejecutivo “entendemos que este es uno más dentro de la caja de herramientas que tiene el Gobierno para poder ir en la seguridad de la población. En este caso de manera indirecta a proteger aquellas fuentes, por ejemplo de eléctrica, de distribución de alimentos o de áreas sensibles y críticas que pueden ser afectadas ante potenciales ataques. Por lo tanto, nosotros recogemos con mucha responsabilidad y esperamos en los próximos días dar paso a cómo va a ser su tramitación más a nivel reglamentario”
Aunque la iniciativa fue aprobada por amplia mayoría en la Sala, las y los diputados expresaron sus distintas apreciaciones sobre el proyecto.
En su intervención, el diputado socialista Leonardo Soto, afirmó que esta norma es una facultad excepcional del Presidente de la República ante el peligro inminente de la infraestructura y se trata de proteger para poder garantizar el funcionamiento de la sociedad. Precisó que es una iniciativa que no tiene que ver con los estados de excepción constitucional de emergencia y de ninguna manera se va a poder utilizar a los militares para funciones que tiene que ver con el orden público.
Para la diputada RN, Ximena Ossandón este proyecto es el mismo que se rechazó en el gobierno de Piñera y que no es muy distinto a la iniciativa que se votó este lunes. “Ambos textos impiden a las fuerzas armadas suplantar labores de orden público en ejercicio de esta función, ya que se les encomienda una labor acotada y específica que es colaborar en el resguardo de ciertos bienes esenciales para la ciudadanía”, precisó.
Por su parte, el diputado Jorge Brito afirmó que no se oponen a dar seguridad a la infraestructura crítica, pero no comparten que sean los militares y no las policías las que tengan que asumir esta responsabilidad. En este sentido, indicó que este proyecto es ambiguo y no identifica quién asumirá la responsabilidad política en los sucesos que pueden desencadenar en el despliegue militar.
“La definición que propone el texto es ambigua respecto de la protección, lo que se propone proteger en la forma en que se presente el texto y no corresponde con gran parte de la infraestructura que se planea resguardar”, señaló el diputado Brito. Agregó que además, tiene una definición del proyecto sobre el contexto del uso de armas sobre las nuevas reglas del uso de la fuerza y que ésta facultaría a los militares a “hacer uso de armas letales en situaciones en que no están especificadas, lo que expone la población a un grave riesgo de ser víctimas y por supuesto también a los soldados y cumpliendo órdenes van a terminar posiblemente privado de libertad”, dijo Brito.
En tanto, el diputado Tomás Hirsh, que votó en contra del proyecto, señaló que “no es bueno que los militares estén en funciones que no le corresponde y tampoco se pueden autorizar eso y por lo mismo no he votado a favor de los estados de excepción en la Araucanía. Creo que debemos darle a la policías las herramientas, los elementos, las facultades de inteligencia para que puedan cumplir adecuadamente su labor y no incluir a los militares en actividades en la calle, en la carretera o cuidando aeropuertos, colegios, hospitales. Si hacemos eso pronto vamos estar acostumbrados”.
Cabe destacar que la aprobación de este proyecto se dio mientras en la comisión revisora de la Cámara de Diputados y Diputadas se declaró inadmisible la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, presentada por el Partido Republicano.
La comisión estaba conformada por Cristhian Moreira (UDI), quien la presidió y votó a favor, Christian Matheson (Ind-Evópoli), que se abstuvo, María Candelaria Acevedo (Ind-PC), Natalia Romero (Ind-UDI) y Fernando Bórquez (Ind-UDI). De los legisladores, solo uno votó a favor, tres en contra y uno se abstuvo.
Con esta votación, la comisión recomendará rechazar la acusación, que finalmente será deliberada en la Sala este martes 12 de julio.
Crédito: Osciel Moya Plaza – Diario UChile
