A días de que el Gobierno ingrese la iniciativa al Congreso, economistas destacaron la necesidad de modernizar la matriz productiva del país y expresaron sus dudas respecto del papel que podría desempeñar la reforma tributaria.
Será dentro de esta semana que el presidente Gabriel Boric concrete el ingreso de la Ley de Presupuestos 2023, la primera de su administración y que se tramitará en ambas cámaras del Congreso.
Si bien aún se están definiendo los detalles de la iniciativa- cuyo plazo de presentación ante la Cámara de Diputadas y Diputados expira el próximo viernes- se ha adelantado que el gasto público crecería entre un 4% y un 5% el próximo año.
Además, los ejes del proyecto apuntarían a planes de reactivación económica e incentivos, orientados, por ejemplo, a “Chile Apoya” e “Invirtamos en Chile”, la agenda contra el cambio climático y a un mayor gasto en ciencia, investigación y desarrollo, según el Diario Financiero.
En tanto, la ministra vocera del Gobierno, Camila Vallejo, también afirmó que la Ley de Presupuestos “va a tener como especial atención los temas asociados a seguridad y, por lo tanto, recursos asociados al combate del crimen, de los delitos en todo el país”.
La directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, manifestó sus dudas respecto del impacto que podría tener la Ley de Presupuestos del Gobierno, dado que, pese a la relativa estabilidad económica que tiene actualmente el país, los efectos serían transitorios.
En ese sentido, explicó que este año “los ingresos fiscales han tenido una taza de crecimiento récord y los gastos han caído. Entonces, en este minuto estamos en una situación fiscal bastante mejor a la que tuvimos los dos años anteriores”, destacando como factores la expansión del consumo durante 2021, gracias a las ayudas económicas como el IFE Universal.
“Lo que se ve para el año próximo es exactamente lo inverso. Vamos a ver una caída bastante importante de los ingresos fiscales, producto de que la economía se está desacelerando muy fuerte y, por otro lado, el gasto va a volver a crecer y volver a aparecer entonces un déficit fiscal bastante elevado y eso es complejo desde la mirada que nos puede generar un nuevo deterioro en la clasificación de riesgo país”, expresó.
Además, dirigió sus críticas contra la reforma tributaria, calificándola de “anti crecimiento”. Por lo mismo, destacó que el Gobierno debiera avanzar hacia una mayor moderación de la reforma y “buscar todos los espacios posibles de mayor eficiencia del gasto, que sin duda existen”.
El economista y coordinador del Foro Económico para el Desarrollo Justo y Sostenible, Eugenio Rivera, planteó que, si bien estarían bien enfocadas las prioridades del Gobierno en la Ley de Presupuestos, “hay que esperar qué pasa con la reforma tributaria. Naturalmente, se deberían hacer todos los esfuerzos posibles para que empiece a operar a partir del próximo año y que podamos contar con mayores recursos para los grandes requerimientos que estamos enfrentando”.
“La reforma tributaria es urgente e indispensable para poder financiar de manera sana los gastos que está enfrentando el Estado. Ya la OCDE en su informe señaló que la deuda pública se podría incrementar casi en un 100% en un período de 20 años. Ahí creo que los sectores de mayores ingresos tienen que aceptar que deben hacer un esfuerzo adicional”, aseveró.
Sin embargo, el economista expresó su preocupación respecto a la posibilidad de que la reforma tributaria efectivamente pueda recaudar el 1,6% del PIB mediante mecanismos para combatir la elusión y evasión. “En 2014 cuando se planteó una medida similar, las expectativas del Gobierno era alcanzar solo un 0,6% del PIB. Entonces, sería muy importante aclarar cómo se va a lograr esa recaudación tan significativa”.
De hecho, este martes en una sesión ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que “es riesgoso comprometer gastos con cargo al proyecto de reforma tributaria antes de que se materialicen efectivamente los mayores ingresos esperados”, añadiendo que, “si la recaudación anual fuese de un 80% de lo esperado y no se ajusta al gasto correspondiente, la deuda bruta superaría el nivel prudente a partir de 2030”, es decir, el 45% del PIB.
Por su parte, la consultora senior del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y académica de la Universidad de Santiago, Marcela Vera, sostuvo que “el énfasis debiese estar necesariamente en este primer presupuesto en un proceso de modernización de la matriz productiva, si eso no ocurre es muy difícil que ocurra en los siguientes porque las presiones inflacionarias, la recesión en curso, la debilidad que presenta de reservas internacionales van a hacer que el Gobierno tenga en los siguientes presupuestos menos capacidad de ejecución que la que tiene ahora”.
Por lo tanto, recalcó que “si uno piensa que el presupuesto de la nación tiene que estar en función de generar las condiciones para poder resolver la recesión, necesariamente debiese mejorar muy sustantivamente la capacidad instalada del país. Si no hay capacidad instalada, no hay manera de aumentar la productividad. Si no hay manera de aumentar la productividad, no hay manera de crecer”.
“Esos procesos de industrialización son largos, por tanto, requieren de varios presupuestos para poder desarrollarlos. Entonces, ese camino hoy día según los primeros anuncios no está tomándose y más bien lo que está ocurriendo es una continuidad respecto de lo que habíamos observado en los presupuestos anteriores, que son aumentos muy pequeños respecto de determinados sectores para marcar ciertos énfasis, fundamentalmente comunicacionales, pero en términos de su efectividad económica en realidad son altamente cuestionados y por eso estamos en una situación en la cual los retiros y las ayudas fiscales generan un proceso de reactivación que luego no se pueden mantener”, especificó Vera.
Crédito: Natalia Palma – Diario UChile
