Además, la Sala aprobó en tiempo récord cuatro proyectos sobre seguridad ciudadana que fueron parte de los acuerdos establecidos en el fast track legislativo, tras la muerte de la carabinera, Rita Olivares.
En medio de cuestionamientos ciudadanos y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Comisión de Seguridad Pública del Senado aprobó en general el proyecto conocido como “Ley Naín-Retamal”, que aumenta las penas por delitos cometidos contra las policías y establece nuevas garantías para Carabineros, la Policía de Investigaciones y Gendarmería.
La idea de legislar fue respaldada por los cinco integrantes de la mesa, los cuales establecieron hasta el mediodía de este viernes para presentar indicaciones.
Se espera que la iniciativa se vote el próximo martes en la Sala y para ello, uno de los puntos de conflicto a resolver es la indicación que entrega legítima defensa privilegiada a los uniformados que utilicen su arma de servicio.
Desde INDH acusaron que la normativa “podría favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso“.
“Además de la regla sobre legítima defensa privilegiada, el proyecto de ley contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos que tampoco resuelven los problemas operativos del trabajo policial y que puede tener efectos que aún no se pueden prever, por lo que se requiere un estudio más detenido antes de que sea ley“, añadió la directora del organismo, Consuelo Contreras.
Por su parte, la Comisión Chilena de DDHH expresó su preocupación por la Ley Nain Retamal que bajo el pretexto de combatir la delincuencia, altera las reglas sobre el uso de la fuerza de las policías que al establecer la “legítima defensa privilegiada” y entrega facultades excesivas que atentan contra los derechos humanos.
Después de participar en la comisión, el ministro de Justicia, Luis Cordero, explicó que “en el derecho las formas son fondos, y es conveniente tener reglas precisas para evitar riesgos futuros. La manera en cómo están redactadas esas normas de ‘legítima defensa privilegiada’ generan condiciones de riesgo y apreciación subjetiva”.
“Con la propuesta del Gobierno, lo que queda mejor es el resguardo y la certeza para las policías, y el resguardo adecuado para cualquier ciudadano en su funcionamiento cotidiano. Las reglas de seguridad y de orden no deben dar solo certezas a las policías, sino que también debe dar certezas a los ciudadanos”, agregó.
La iniciativa se discutió mientras la Sala votó los proyectos de ley contemplados en la agenda de seguridad, entre ellos la iniciativa que modifica, en segundo trámite constitucional, el Código Penal para agravar la pena del delito de secuestro y que fue aprobado en particular y en general.
Este delito tiene actualmente tiene sanciones que parten desde los 3 años y un día de presidio y se propone que la pena del delito de secuestro oscile entre 5 años y un día a 15 años.
Además, la norma señala que “si el secuestro, se ejecutare para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones, o si el encierro o detención se prolongare por más de 24 horas, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio”.
Al respecto, el Senador José Miguel Insulza expresó sus reparos al proyecto, porque el plazo establecido podría contribuir al aumento del asesinato de las personas secuestradas.
En la discusión, se dieron a conocer las cifras de las policías que destacan que al comparar el año 2021 con el 2022, los secuestros aumentaron en un 79,4%.
Otro de los proyectos aprobados por el Senado fue el que amplía las facultades de control policial para los efectos de aplicar las medidas establecidas en la ley de Migración y Extranjería.
Sobre esta iniciativa, la ministra del Interior, Carolina Tohá explicó que el corazón del proyecto es que entrega la facultad a Carabineros para que, en el caso de un control migratorio encuentra algo irregular, lo derive a la PDI que es la institución contralora.
Además, se aprobó en general y particular el proyecto que refuerza las competencias de Gendarmería y crea un delito de extorsión y quedó listo para ser promulgado.
La Cámara Alta también aprobó el proyecto que modifica el Código Penal para sancionar la conspiración para cometer el delito de homicidio calificado por premio, promesa remuneratoria o ánimo de lucro.
Crédito: Osciel Moya Plaza – Diario UChile
