En el oficialismo repararon sobre la efectividad de la medida como método para desincentivar la irregularidad. Mientras, en la oposición destacaron la importancia de identificar antecedentes penales de migrantes previo a su ingreso al país.
La jornada de este lunes, la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados continuó revisando el proyecto de ley impulsado por parlamentarios de oposición que busca tipificar el delito de ingreso clandestino al territorio nacional (boletín N° 15261-25).
La iniciativa, que plantea la modificación de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, fue ingresada en agosto de 2022 y es patrocinada por los diputados Jorge Alessandri (UDI), Yovana Ahumada (ex PDG), Jaime Araya (Ind/PPD), José Miguel Castro (RN), Sofía Cid (RN), Catalina del Real (RN), Andrés Jouannet (IND), Andrés Longton (RN), Francesca Muñoz (IND) y Diego Schalper (RN).
En concreto, la disposición señala que “el que, no reuniendo las condiciones para ser declarado como refugiado en nuestro país, o reuniéndolas, no provenga directamente de un territorio en donde su vida o libertad estén amenazadas, hiciere ingreso al territorio nacional de manera clandestina por un paso no habilitado o eludiendo el control migratorio, será sancionada con la pena de presidio menor en su grado mínimo o multa de once a veinte unidades tributarias mensuales.
Asimismo, plantea como agravante quienes tengan prohibición de ingreso o que pretendan entrar o salir de territorio chileno “valiéndose de un documento de identidad o de viaje falso o faltando a la verdad en la información requerida por la autoridad”.
En la instancia, el director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Luis Eduardo Thayer, manifestó su apertura a avanzar en esta propuesta “porque nos parece que, descontando las aprensiones que podamos tener en la primera parte, la segunda parte del proyecto que tiene que ver con las reincidencias nos parece que es atendible y que es mejorable desde nuestro punto de vista”.
La diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia, puso en duda la efectividad del proyecto como un método para desincentivar la migración irregular y agregó que si bien la percepción de las personas son relevantes para el análisis de la realidad, “para nosotros la subjetividad en este caso no nos sirve para legislar. Por lo tanto, necesitamos tomar definiciones como política de Estado y, en ese ámbito, tenemos que tener la mayor cantidad de evidencia”.
En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, entregó detalles sobre la aplicación de un sistema de “enrolamiento” de migrantes, que permitirá identificar antecedentes delictuales previos a la llegada a Chile. “Va a haber un registro de esas personas y eso va a permitir que la persecución sea mucho más efectiva y el proceso de expulsión sea mucho más efectivo”.
“Hoy día ingresar a Chile sale gratis. Las personas saben que ingresando a nuestro país se van a quedar de manera permanente y quien ingresa por la ventana y viene con la intención de cometer un delito hay que expulsarlo antes de que cometa el delito. Ese es el llamado al Presidente Boric, no hay que expulsarlos después”, expresó el parlamentario, cuya tienda ya esta mañana urgió al mandatario a poner discusión inmediata a la iniciativa.
La comisión de Seguridad Ciudadana retomará la discusión del proyecto el próximo miércoles 19 de abril.
Crédito: Natalia Palma – Diario UChile
