La norma sobre Infraestructura Crítica no podrá extenderse por más de 60 días y las FFAA no podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público.
El diputado del distrito 4 Región de Atacama, Jaime Mulet, afirmó que la primacía y el control civil por sobre los militares es el principal argumento que se modificó del proyecto de Infraestructura Crítica y que permitió que muchos de los legisladores dieran su voto de apoyo a la iniciativa que se convertirá en Ley de la República.
Al menos esa fue una de las razones por las que cambió su voto en relación al proyecto tramitado originalmente durante el gobierno de Piñera, señaló el diputado de la Federación Regionalista Verde Social e Independientes.
El texto aprobado este lunes en la cámara de diputadas y diputados surgió de los acuerdos de la comisión mixta que resolvió las diferencias con el Senado y que había sido rechazado en septiembre de 2020 por gran parte de izquierda y centro izquierda, hoy oficialistas, debido a las atribuciones que se entregaba a los militares para resguar el conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública, dadas las aprensiones por el accionar de las FF.AA tras el estallido social.
Mulet afirmó que “como opositor al gobierno de Piñera voté en contra de esta iniciativa y por qué cambié ahora mi voto, fundamentalmente porque hubo modificaciones en este proyecto que fueron importantes y que se hicieron en la comisión mixta y que aminoraron alguno de los efectos negativos o preocupaciones que teníamos respecto del proyecto iniciado originalmente. En segundo lugar, porque desde el Gobierno también manifestaron el interés de que este instrumento pueda existir y pueda ser utilizado por el Gobierno eventualmente y, en tercer lugar, porque a mí no me da lo mismo que gobierne Piñera o que gobierne el Presidente Boric. Confío en el gobierno de Gabriel Boric en esta materia”.
El diputado precisó que la principal diferencia con el proyecto anterior es “fundamentalmente la lógica en la toma de decisiones dentro del proceso de aplicación de este instrumento de este estado de excepción de estructura crítica, donde haya primacía y control del poder civil por sobre los militares, ese aspecto al menos se modificó y es el que más me preocupaba de la versión anterior”.
De acuerdo a lo que señala el proyecto, la nueva facultad para el Ejecutivo se concretará por medio de un decreto supremo fundado que será suscrito, en cada caso, por los ministros del Interior y de Defensa Nacional y permitirá movilizar para sus fines a las Fuerzas Armadas. La medida no podrá extenderse por más de 60 días, pero podrá prorrogarse por igual período, con acuerdo del Congreso Nacional. Además, se indica que las FFAA tampoco podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público.
Para el jefe de la bancada PS, Marcos Illabaca, es necesario entregarle al Gobierno la mayor cantidad de facultades posibles para poder enfrentar los graves hechos de delincuencia y una lucha concreta al narcotráfico y el crimen organizado.
Agregó que el proyecto “es absolutamente diferente de lo que salió de la discusión legislativa y creemos desde un comienzo que vamos a aportar en todo lo que se pueda para esta lucha contra aquellas organizaciones criminales que están en cada una de las regiones nuestro país”.
Por su parte, el diputado independiente y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jaime Araya, afirmó que esta normativa resolvería este problema que cada 15 días el Gobierno pida autorización para poner en marcha el Estado de excepción.
Por lo tanto, “permitiría una planificación a más largo plazo en el combate al narcotráfico, el crimen organizado y delincuencia en la macrozona sur y también en la macrozona norte, donde tenemos problemas graves en la frontera y este proyecto permitiría Presidente de la República, sin limitar libertades personales, hacer que las fuerzas policiales la Fuerzas Armadas pudieran colaborar en labores de seguridad” puntualizó.
Crédito: Osciel Moya – Diario UChile
